martes, 11 de octubre de 2011

POLEMICA, INCONFORMIDAD ALGUNOS AYUNTAMIENTOS POR LA TROPA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUNBSEMUN)



La falta de información y atención oportuna a las inconformidades por parte del gobierno municipal, es lo que ha generado el malestar entre la tropa de Seguridad Pública para el cobro de recursos procedentes del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que cada vez se vuelve un relajo en la Secretaría de Seguridad Pública. 
Contrario a lo que anunció el propio presidente municipal desde el primer día de gobierno cuando comprometió al entonces nombrado titular de Seguridad Pública, Armando Álvarez Morales a revisar las reglas de funcionamiento y transparentar lo que se haga para una mejor distribución de los recursos procedentes de este importante fondo federal, hasta la fecha nada se ha hecho y ya hasta cambiaron al secretario por Jesús Aiza Kaluf y mientras tanto, los policías municipales carecen de la información adecuada.
Es por ello que mientras el personal administrativo asignado para manejar estos recursos hacen y deshacen con las asignaciones que se supone, debería ser de manera equitativa, el problema e inconformidad entre los elementos sigue creciendo por falta de transparencia, pero más aún cuando les dicen que a “gente allegada al secretario le asignan más dinero que a la tropa”.
De hecho, comentarios fuertes que se han escuchado de los mismos policías, son en el sentido de que “por esto muchas veces agarramos dinero del narco, porque aquí nos tienen muriendo de hambre”.
Y es que las reglas del fondo de subsidios a los municipios para la seguridad pública son claras en todos los sentidos, pues el recurso que se asigna está etiquetado para determinadas acciones en beneficio tanto de los policías como de la ciudadanía.
En Quintana Roo por ejemplo, sólo los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco, reciben estos recursos del Subsemun, que son adicionales y complementarios a los que proporcionan los programas federales, estatales y municipales vigentes destinados a fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública en ningún caso sustituyen los recursos regulares dirigidos a estos fines.
En el reglamento que fue publicado en enero del 2009 se dio a conocer en uno de los puntos que la distribución de los recursos que les correspondan a los municipios elegibles, serán canalizados por la Secretaría a través de la entidad federativa correspondiente (el Estado), quien deberá realizar las transferencias de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en las Reglas y en los Convenios de adhesión.
De esta forma, las entidades federativas deberán transferir los recursos a los municipios, en los términos de las disposiciones aplicables, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de su recepción, para garantizar la aplicación oportuna de los mismos.  Entre las obligaciones de los municipios beneficiados con estos recursos, está que parte de estos deberán ser asignados para mejorar la calidad de vida de los policías, adoptar el Nuevo Modelo Policial, proporcionar a la secretaría toda la información requerida para la correcta aplicación del Subsemun y demás acciones; proporcionar el informe de avance físico y financiero que permita realizar el seguimiento y supervisión sobre la aplicación de los recursos en la ejecución de las acciones acordadas, en los plazos y términos que establezca la secretaría a través del sistema de seguimiento que se diseñe para el efecto; reportar al gobierno estatal correspondiente la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio, las disponibilidades financieras con las que en su caso cuenten y el presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente, para ser reportados en los Informes Trimestrales a la Hacienda Pública Federal. Asimismo, se estipula que parte de estos recursos, se deben destinar al programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo, en términos de las reglas y coordinarse con la secretaría para que al personal de las corporaciones policiales de los municipios les sean aplicadas las evaluaciones de control de confianza y exámenes específicos, cosa que en la policía de Benito Juárez no se ha cumplido. Del mismo modo, el destino de gasto de los recursos tienen que ir a la profesionalización de los cuerpos policiales municipales, el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones de seguridad pública y el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública municipales, en el marco de las disposiciones legales aplicables y de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.

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