CONSIGNA EL EXPEDIENTE DE LOS POSIBLES EJECUTORES DEL POLICIA JORGE AMIR, PARA QUE LIBREN ORDENES DE AP.

CHETUMAL, 3 de septiembre.- El expediente que enfrentan los dos escoltas del Secretario de Seguridad Pública ya fue consignado ante el Juez penal en turno, quien en cualquier momento podría obsequiar la orden de aprehensión en contra de los policías Ulises Martínez Jiménez y Eduardo Sánchez Hernández, por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaron que con la comparecencia de todos los testigos de la balacera que protagonizaron los escoltas del Secretario de Seguridad Pública a la altura de un salón de fiestas, cerca de la gasolinera de la comunidad de Subteniente López, en donde asesinaron brutalmente al agente de la Policía Estatal Preventiva, Jorge Amir Flota Matos, se dio por terminada la integración de la averiguación previa que enfrentan los presuntos involucrados homicidas.En este sentido, expresaron que en cualquier momento el Juez de lo penal en turno podría librar la orden de aprehensión correspondiente en contra de los presuntos asesinos Ulises Martínez Jiménez y Eduardo Sánchez Hernández, acusados de la muerte del suboficial Jorge Amir Flota Matos.Los presuntos responsables de la muerte del agente policial siguen arrestados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicadas en la carretera Chetumal - Felipe Carrillo Puerto, y no en las oficinas de la Policía Judicial del Estado, como le hicieron creer a la ciudadanía las autoridades del Gobierno del Estado el día en que presentaron a los presuntos criminales ante los medios de comunicación, en donde a través de unas fotos se veían detrás de las barrotes de la Policía Estatal Preventiva.Y es que el asesinato del policía Jorge Amir Flota Matos por parte de escoltas del Secretario de Seguridad Pública causó indignación y coraje entre los agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes inmediatamente realizaron manifestaciones en la palapa ubicada detrás de las instalaciones de la corporación policial para pedir la destitución del Secretario de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo, quien en un principio trató de encubrir a sus escoltas, pues culpó a un empresario de la zona libre de Belice de haber realizado los disparos a la Van en donde iba el agente Jorge Amir Flota Matos junto con Gustavo Gómez Canul y Alejandro Pelcastre.De hecho, hasta se convocó una rueda de prensa en la Secretaría de Gobierno en donde Villa Castillo insistió en que sus escoltas no habían sido los responsables de la balacera, sino el comerciante de la zona libre de Belice, Ernesto Alonso de Miguel, alias “El Español”.Ahí, mismo reconoció que él encabezó el operativo para la detención del comerciante para una revisión.La conferencia de prensa fue el día 31 del pasado mes de agosto por la mañana, y en la noche del mismo día, el procurador General de Justicia del Estado, Armando García Torres, finalmente presentó a los dos escoltas del Secretario de Seguridad Pública como presuntos responsables del asesinato del agente policial Jorge Amir Flota Matos, luego de que Carlos Bibiano Villa Castillo en su declaración ministerial que rindió en alguna oficina del Gobierno del Estado, reconoció que sus dos escoltas son probables responsables de la balacera.De esta forma, se inició la averiguación previa en contra de los dos escoltas por el delito de homicidio calificado, la cual finalmente el día de hoy fue consignada ante el Juez de lo penal en turno, en la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado solicita orden de aprehensión en contra de los dos escoltas por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad. Cabe mencionar que como las 19:00 horas de hoy (sábado), corrió el rumor de que los dos presuntos responsables del homicidio ya habían ingresado al Centro de Readaptación Social (CERESO) de esta ciudad, sin embargo, una fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado desmintió dicha versión. Por la noche, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el agente del Ministerio Público ejerció acción penal en contra de Eduardo Sánchez Hernández y Ulises Martínez Jiménez como probables responsables de los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, en agravio del policía estatal preventivo Jorge Amir Flota Matos, por lo que consignó ante el Juzgado Penal correspondiente la averiguación previa ZS/CHE/01/SD/2827/8-2011, en la que están asentados estos hechos. El representante social expresó en su determinación que, como parte de la integración del expediente, conjuntó diversas diligencias entre las que destacan: la denuncia formulada con fecha 30 de agosto del año en curso por el delito de homicidio por el señor Charlie Aníbal Flota Matos en agravio de su hermano Jorge Amir Flota Matos, el informe de investigación de la Policía Judicial del Estado, la fe ministerial del lugar de los hechos, la toma de evidencias, así también dictámenes periciales, entre los que se cuentan el de química forense, balística, identificación de huellas, criminalística de campo, valuación y la necropsia de ley.También, están: las declaraciones ministeriales de Eduardo Sánchez Hernández y Ulises Martínez Jiménez en su calidad de probables responsables.Entre las diligencias testimoniales el expediente cuenta con las declaraciones de los ciudadanos policías Alejandro Pelcastre y Gustavo Canul, la del propio General de Brigada, Ingeniero en Comunicaciones Electrónicas retirado Carlos Bibiano Villa Castillo, así como de siete personas más, cinco de ellas escoltas.También obra en el expediente el aseguramiento de 2 armas tipo escuadra Glock 9 x 19 milímetros, un arma de fuego tipo fusil de asalto ligero marca LK Barrington JL calibre 7.62 por 51 milímetros, otra arma de fuego tipo fusil M4 Comando de la marca Colt calibre 5.56 milímetros, todas con sus respectivos cargadores.La Procuraduría General de Justicia del Estado destacó que con base a todo lo anterior, en el expediente del caso se tiene acreditada la presunta responsabilidad en los hechos de los inculpados, tal cual lo requiere el artículo 16 constitucional, acción con la que da certidumbre jurídica a la sociedad de que cuenta con autoridades actuantes para hacer valer el estado de derecho.