Cancun,. La Procuraduría General de la República en Quintana Roo además de cómplice de la delincuencia organizada, guarda silencio. A un mes de haber asumido el cargo, María López Urbina, titular de la dependencia federal en el estado, únicamente ha establecido una reunión “formal” con los presidentes municipales de la entidad.Fuera de eso, la encargada de la PGR en el Caribe mexicano ha optado por la táctica del silencio y no ha accedido a una entrevista formal, para hablar acerca de la falta de resultados de una dependencia que hoy en día es sinónimo de corrupción e impunidad.Lo anterior se debe a que no existe resultado alguno en el combate a la delincuencia, pese a que los principales destino turísticos de México han comenzado a ser presa de las pugnas entre dos grupos delictivos.En los hechos, Cancún y la Riviera Maya están condenados a sufrir los embates de la inseguridad por la inoperancia, ineficacia y sobre todo, la complicidad de la PGR en Quintana Roo.La reunión se dio este lunes y fue de carácter oficial al denominarse la junta como coordinación de “manera interinstitucional con el objetivo de erradicar los delitos del orden federal”.Esta acción se dio en respuesta al atentado que sufrió el presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez, y en la reunión también se presentaron los alcaldes de Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum e Isla Mujeres.Aunque se tocaron temas relacionados con la seguridad, trascendió que la delegada de la PGR no expuso ningún plan o acción a seguir, pese a ya tener un mes y ocho días en Quintana Roo.Lo anterior es una tendencia y una costumbre de todos los delegados que arriban a la entidad y desde el 2005, son muchos funcionarios quienes nada más “conocen” el Caribe mexicano por fuera y no se involucran en la problemática que padecen los principales municipios, como es son los casos concretos de Benito Juárez y Solidaridad.Hasta el momento, María López Urbina ha intentado establecer un perfil bajo para no originarse ningún tipo de presión para ella misma y la dependencia que está a su cargo desde el 12 de agosto.De acuerdo con fuentes oficiales de la PGR en la entidad, el objetivo de esta estrategia es evitar, bajo cualquier motivo, una fisura dentro del aparato de “silencio” hacia la opinión pública.Para lograrlo, la delegada y su equipo de trabajo decidieron no atender “por ahora” a los medios y además evitarlos la mayor parte del tiempo, pues a nivel federal se considera como una “plaza caliente” al estado.Por esta razón es que más allá de presentar un plan de trabajo o dar a conocer las estrategias a seguir para combatir la delincuencia organizada, en la PGR se ha decidido no exponer de más a su nueva delegada como ha ocurrido con sus antecesores.Por si fuera poco, se ha intentado minimizar considerablemente la impunidad y sistema de corrupción que existe al interior de la delegación, la cual trabaja en la mayoría de las veces, para la célula delictiva de “Los Zetas”.Dentro de la PGR se quiere evitar a toda costa los cuestionamientos sobre dos temas fundamentales: el primero es la resolución de ejecuciones en Cancún desde el 2010 y las cuales están marcadas por la disputa entre “Zetas” y “Pelones; la segunda es no mencionar los oficiales, ministerios públicos federales y personal de la dependencia al servicio de la delincuencia organizada.