En primera fila¡El verdugo de Mario Villanueva!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO
Recordado por los políticos como ejemplo de la democracia; por los priístas, como traicionero de su partido, y por los quintanarroenses como verdugo del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, el ex presidente Ernesto Zedillo volvió a encabezar los titulares de los periódicos nacionales, luego de que una corte norteamericana aceptara una denuncia en su contra por crímenes de esa humanidad tras sonada la matanza de 45 hombres, mujeres y niños de Acteal, Chiapas.
Como gris Jefe del Ejecutivo priísta de 1994 al 2000, Zedillo recibió múltiples reconocimientos al final de su mandato, aunque no precisamente por haber tenido un sexenio decoroso, sino por haber aceptado la derrota de su partido, el PRI, ante el candidato postulado por sus eternos rivales del PAN, el no menos gris Vicente Fox, cuando todo mundo esperaba un “choque de trenes” tras los más de 70 años de gobierno ininterrumpido de los tricolores.
Sin embargo, sus correligionarios no pensaron igual después que el sinaloense Francisco Labastida Ochoa insistió en que había ganado a pesar del abultado margen de diferencia que marcaban los votos que, desde ese entonces, marcaron una marcada diferencia en todo el país que, con excepción de Quintana Roo, se pintó de azul en el Sur y de rojo priísta en el Norte, aunque, en términos generales, el “efecto Fox” inundó todo México.
No obstante, en Quintana Roo no sólo se le recuerda por esa estrepitosa caída del PRI de la Presidencia, sino por la cacería que emprendió su gobierno contra el entonces mandatario Mario Villanueva por sus supuestos vínculos con el crimen organizado que nunca pudo probarle la siguiente administración panista que, tras condenarle por enriquecimiento inexplicable, sin embargo, nunca accedió a dejarle en libertad y sí, en cambio, aceptaría -o negociaría- su extradición a Estados Unidos.
A más de 11 años de concluido su tristemente recordado sexenio, el nombre de Ernesto Zedillo, volvió a “sonar” es 16 de setiembre, cuando un despacho de Miami presentó una demanda judicial en su contra ante el Tribunal Federal de Connecticut por crímenes de guerra y otros delitos de esa humanidad, mismo que recibió en su residencia de Connecticut, donde dicta clases en la Universidad de Yale, en New Haven.
La demanda judicial es por la masacre del 22 de diciembre de 1997, cuando, como parte de un plan de contrainsurgencia, paramilitares, armados, financiados y entrenados por miembros de las fuerzas armadas mexicanas, asesinaron a 45 pobladores de la villa de Acteal e hirieron a muchos más. Sus demandantes incluyen sobrevivientes, viudas e hijos de algunas víctimas.
Dicha masacre surgió a partir de la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, documento secreto del gobierno mexicano que esbozaba un plan para doblegar al movimiento Zapatista de la década de 1990. Parte esencial del plan incluía la creación e implementación de fuerzas de autodefensa civiles y paramilitares para asistencia de las operaciones militares, incluyendo provisión ilegal de armas militares.
En conspiración con su Procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, se encubrió el papel de Zedillo antes y durante la masacre, en parte con el acorralamiento y arresto de 128 personas, 34 de ellas condenadas en octubre del 2007 por varios delitos como homicidio y agresión grave, y varias sentenciadas a 26 años, aunque en agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia revocó 20 de esas condenas por abuso del acusador, fabricación de pruebas y violaciones de leyes penales y constitucionales, por lo que ordenó su liberación tras 11 años.
Según la demanda, el encubrimiento continuó después que Zedillo abandonó el poder. Por ejemplo, el ministro de Justicia de Chiapas ordenó a un fiscal especial designado en el año 2007 para investigar la Masacre de Acteal no interrogar a Zedillo ni al jefe de gabinete de éste, Liébano Sáenz. Sólo después de que la Suprema Corte divulgó estos hechos en agosto de 2009 público y víctimas conocieron los hechos por el prolongado encubrimiento del escándalo nacional.
Acosado por Zedillo y los priístas por no haber accedido nominar como candidata a Addy Joaquín Coldwell para sucederle en le gubernatura y usado por el PAN como bandera de su lucha contra el narco, Mario Villanueva no tuvo quien le defendiera de las acusaciones de esa PGR que encabezaba Madrazo Cuéllar y que tenía como punta de lanza al entonces fiscal de hierro Mariano Herrán Salvatti, actualmente preso en Chiapas por una serie de delitos que, irónicamente, incluyen delincuencia organizada.
Al igual que a los demandantes de Acteal, el gobierno de Zedillo y su Procuraduría también habrían encubierto a altas autoridades que, en su momento pudieron servirle como pruebas para demostrar la inocencia al ex gobernante quintanarroense, quien solicitó una y otra vez que comparecieran para ser interrogados, entre ellos nombres de suyo encumbrados en ese entonces, pero que jamás se presentaron porque jamás los citaron.
Entre ellos figuraban militares como los Generales Gerardo Clemente Ricardo Vega García, Agustín Valladares Castillo, Javier del Real Magallanes y Gastón Menchaca Arias; Luis Pérez y Guzmán, David Roberto Bárcenas Ríos, Adrián Maldonado Ramírez y la periodista María Isabel Arvide Limón, así como (con domicilio en Cancún) Olivia Gaspar Contreras, Michael David Freedman, Jorge Gutiérrez Cervera, Federico Márquez Solís (testigo protegido “Comandante Pedro”), Carlos Casas Calzada, Irving Andrés (hasta hoy desaparecido) y Erik Trigo Segarra, entre otros. La lista y hechos son largos, y el espacio corto, pero seguiremos en próxima colaboración L.A.C.B., Chetumal, Q. Roo, septiembre de 2011 luancaba2003@hotmail.com
Como gris Jefe del Ejecutivo priísta de 1994 al 2000, Zedillo recibió múltiples reconocimientos al final de su mandato, aunque no precisamente por haber tenido un sexenio decoroso, sino por haber aceptado la derrota de su partido, el PRI, ante el candidato postulado por sus eternos rivales del PAN, el no menos gris Vicente Fox, cuando todo mundo esperaba un “choque de trenes” tras los más de 70 años de gobierno ininterrumpido de los tricolores.
Sin embargo, sus correligionarios no pensaron igual después que el sinaloense Francisco Labastida Ochoa insistió en que había ganado a pesar del abultado margen de diferencia que marcaban los votos que, desde ese entonces, marcaron una marcada diferencia en todo el país que, con excepción de Quintana Roo, se pintó de azul en el Sur y de rojo priísta en el Norte, aunque, en términos generales, el “efecto Fox” inundó todo México.
No obstante, en Quintana Roo no sólo se le recuerda por esa estrepitosa caída del PRI de la Presidencia, sino por la cacería que emprendió su gobierno contra el entonces mandatario Mario Villanueva por sus supuestos vínculos con el crimen organizado que nunca pudo probarle la siguiente administración panista que, tras condenarle por enriquecimiento inexplicable, sin embargo, nunca accedió a dejarle en libertad y sí, en cambio, aceptaría -o negociaría- su extradición a Estados Unidos.
A más de 11 años de concluido su tristemente recordado sexenio, el nombre de Ernesto Zedillo, volvió a “sonar” es 16 de setiembre, cuando un despacho de Miami presentó una demanda judicial en su contra ante el Tribunal Federal de Connecticut por crímenes de guerra y otros delitos de esa humanidad, mismo que recibió en su residencia de Connecticut, donde dicta clases en la Universidad de Yale, en New Haven.
La demanda judicial es por la masacre del 22 de diciembre de 1997, cuando, como parte de un plan de contrainsurgencia, paramilitares, armados, financiados y entrenados por miembros de las fuerzas armadas mexicanas, asesinaron a 45 pobladores de la villa de Acteal e hirieron a muchos más. Sus demandantes incluyen sobrevivientes, viudas e hijos de algunas víctimas.
Dicha masacre surgió a partir de la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, documento secreto del gobierno mexicano que esbozaba un plan para doblegar al movimiento Zapatista de la década de 1990. Parte esencial del plan incluía la creación e implementación de fuerzas de autodefensa civiles y paramilitares para asistencia de las operaciones militares, incluyendo provisión ilegal de armas militares.
En conspiración con su Procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, se encubrió el papel de Zedillo antes y durante la masacre, en parte con el acorralamiento y arresto de 128 personas, 34 de ellas condenadas en octubre del 2007 por varios delitos como homicidio y agresión grave, y varias sentenciadas a 26 años, aunque en agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia revocó 20 de esas condenas por abuso del acusador, fabricación de pruebas y violaciones de leyes penales y constitucionales, por lo que ordenó su liberación tras 11 años.
Según la demanda, el encubrimiento continuó después que Zedillo abandonó el poder. Por ejemplo, el ministro de Justicia de Chiapas ordenó a un fiscal especial designado en el año 2007 para investigar la Masacre de Acteal no interrogar a Zedillo ni al jefe de gabinete de éste, Liébano Sáenz. Sólo después de que la Suprema Corte divulgó estos hechos en agosto de 2009 público y víctimas conocieron los hechos por el prolongado encubrimiento del escándalo nacional.
Acosado por Zedillo y los priístas por no haber accedido nominar como candidata a Addy Joaquín Coldwell para sucederle en le gubernatura y usado por el PAN como bandera de su lucha contra el narco, Mario Villanueva no tuvo quien le defendiera de las acusaciones de esa PGR que encabezaba Madrazo Cuéllar y que tenía como punta de lanza al entonces fiscal de hierro Mariano Herrán Salvatti, actualmente preso en Chiapas por una serie de delitos que, irónicamente, incluyen delincuencia organizada.
Al igual que a los demandantes de Acteal, el gobierno de Zedillo y su Procuraduría también habrían encubierto a altas autoridades que, en su momento pudieron servirle como pruebas para demostrar la inocencia al ex gobernante quintanarroense, quien solicitó una y otra vez que comparecieran para ser interrogados, entre ellos nombres de suyo encumbrados en ese entonces, pero que jamás se presentaron porque jamás los citaron.
Entre ellos figuraban militares como los Generales Gerardo Clemente Ricardo Vega García, Agustín Valladares Castillo, Javier del Real Magallanes y Gastón Menchaca Arias; Luis Pérez y Guzmán, David Roberto Bárcenas Ríos, Adrián Maldonado Ramírez y la periodista María Isabel Arvide Limón, así como (con domicilio en Cancún) Olivia Gaspar Contreras, Michael David Freedman, Jorge Gutiérrez Cervera, Federico Márquez Solís (testigo protegido “Comandante Pedro”), Carlos Casas Calzada, Irving Andrés (hasta hoy desaparecido) y Erik Trigo Segarra, entre otros. La lista y hechos son largos, y el espacio corto, pero seguiremos en próxima colaboración L.A.C.B., Chetumal, Q. Roo, septiembre de 2011 luancaba2003@hotmail.com